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2024-08-20 ~hache
En tiempos en que un régimen autoritario ordena el bloqueo de una red social (cualquiera que esta sea) a todo un país, es plausible advertir la experiencia cubana.
El acceso amplio a Internet que logró Cuba después de muchos años —limitado por una deficiente vía satelital y la carencia de conexión a algún cable de fibra óptica— en 2019 recibió los primeros bloqueos por parte del único proveedor del servicio en la isla. Desde entonces, las restricciones se reiteraron en varios momentos de protesta social, siendo julio de 2021 uno de los meses con más apagones digitales hasta la fecha.
Las restricciones también se han aplicado a numerosos activistas y periodistas independientes, y las acciones represivas del Estado han incluido hasta el sabotaje y la incautación de dispositivos. En estos momentos, además, se conoce de procesos penales contra ciudadanos que se han manifestado de manera "incorrecta" contra dirigentes del Estado.
Por otro lado, no se puede olvidar que ese mismo Estado secuestró SNET, "la red de la calle", una gigantesca red descentralizada y autogestionada que conectó a miles de cubanos cuando Internet no era una realidad común en Cuba.
Con estos precedentes, no sorprende que tras las masivas movilizaciones en Venezuela por el conflicto de las elecciones (cuyas actas al día de hoy aún no han sido liberadas) el Estado aplicara acciones represivas y restrictivas que incluían la ocupación y registro de dispositivos sin ninguna orden judicial, y el bloqueo de una red social donde supuestamente se orquesta un "golpe de Estado". No sorprende porque entre las muchas cosas en común que tienen Cuba y Venezuela está el intercambio entre sus respectivos órganos de la Seguridad del Estado, con sus tácticas y discursos prefabricados comunes —y el intercambio con China y los responsables de la política de telecomunicaciones en ese país asiático, pudiéramos agregar.
Aunque acciones de este tipo se han registrado en otros países de la región, no se puede despreciar que Cuba ya cuenta con una legislación que utiliza para justificar sus acciones represivas, y que además su territorio es empleado por China para explotar y desarrollar proyectos de intercambio intercontimental en materia de telecomunicaciones, entre otros.
Especialmente me preocupa que en los debates tecnopolíticos que conciernen a los problemas del Sur Global se obvie o menosprecie la amenaza que representan los regímenes autoritarios y su control sobre las plataformas digitales y nuestros datos. De hecho, actualmente Cuba es un ejemplo de cuánto se puede limitar el acceso a la información y la comunicación para controlar y reprimir protestas y todo tipo de movilización y tejido social.
Por último, mientras para Latinoamérica y el Caribe esto significa una amenaza —por la influencia que pueden tejer estos regímenes y la propia deriva autoritaria en varios países de la región— para los pueblos que vivimos esas realidades significa en ocasiones una pesadilla. Las soluciones son muy escasas y no van mucho más allá de proteger nuestra identidad y el tráfico en las redes usando VPNs.
Por eso insisto en destacar y hacer pensar sobre nuestros desafíos tecnológicos y tecnopolíticos; y pienso también en la importancia de la solidaridad con nuestros pueblos.