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La estadounidense Electronic Frontier Foundation se ha hecho eco de un pedido por parte de una serie de colectivos tecnológicos colombianos, encabezados por la Fundación Karisma, en una "Carta Abierta a la Comisión Interamericana de DD.HH".
En ella los colectivos digitales aducen la necesidad de incorporar lo que consideran "violaciones de derechos humanos ocurridas a través del uso de herramientas tecnológicas y en el ámbito digital", acaecidas durante las protestas y las acciones de lucha emprendidas en Colombia.
Se destacan allí tres ejes en la problemática del Estado contra la libre expresión en las redes de datos, las que desean poner a consideración de la CIDH.
- Actores del Estado colombiano califican de "TERRORISTAS DIGITALES" por el uso de redes de datos para organizar protestas y acción política activa.
- El Estado Colombiano hace uso técnico y jurídico de una capacidad tecnológica para impedir el libre acceso a las redes de datos (inhibidores de señal, corte del servicio, anulación de acceso a URLs, etc).
- Las empresas de capital privado como rol de intermediario en el ejercicio de la acción de protesta.
Sobre esto quisiera considerar que si bien es correcta la alarma y apreciación que hacen - y diría - indudablemnete fundamental que lo hagan, también es importante recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se ha erigido en una fuerza política de choque para desestabilizar gobiernos en la región. Todo ha dependido del metié político del momento...
El rol de las empresas de capital privado como intermediario en el tráfico de comunicaciones SIEMPRE es pernicioso. La red debe ser neutra. Pero también es perceptible que en el caso de los fundamentos de desestabilización, han sido los grandes multimedios los que han propugnado golpes ilegítimos del poder. El derecho a la protesta no debe consolidar un modelo donde grandes multimedios acrecienten un poder omnímodo.
En Venezuela en el año 2003 sectores políticos acomodados e interesados en promover un cambio de gobierno por vías no institucionales utilizaron a mansalva una operación de velo y engaño empleando la técnica televisiva aunada a operaciones militares, y fue la información transportada a través de las emisoras de frecuencia modulada lo que permitió contrarrestar una campaá de desinformación.
Esto nos lleva a ver que, al día de hoy, si bien la lid política se define en el territorio electoral, el acceso al poder se correlaciona con el dominio de los medios técnicos.
Estos, considero, deben estar legalmente subordinados a potentísimas reglamentaciones que los tornen en políticamente plurales, desbancando entonces un rol pecuniario que debe considerarse a todas luces secundario.